La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. 

Debido a los últimos cambios en la normativa de Blanqueo de Capitales y las empresas deben conocer bien a sus clientes a la hora de realizar cualquier transacción o actividad económica.

La ley de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo recoge una amplia lista de sujetos obligados que deben identificar y comprobar la identidad de sus potenciales clientes antes de que lo sean formalmente y se lleve a cabo una transacción con ellos.

Sujetos obligados en la prevención de blanqueo de capitales

Según la Ley 10/2010 del 28 de abril son sujetos obligados:

a) Las entidades de crédito. 

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

c) Las empresas de servicios de inversión. 

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. 

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital- riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. 

g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda. j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. 

k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero. 

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. 

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. 

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. 

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. 

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso («trusts») o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 

p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos. r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. 

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. 

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago. 

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios. 

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34. 

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38. 

x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39. 

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40. 

Infracciones y la importancia del BPO (Business Process Outsourcing)

Las infracciones se dividen en muy graves, graves y leves.

-En las infracciones muy graves se podrán imponer multas cuyo importe mínimo supone 150.000 €, amonestaciones públicas y la suspensión o revocación si se trata de entidades sujetas a autorización administrativa. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción.

-En las infracciones graves las multas parten de los 60.000 € y como las muy graves suponen amonestaciones públicas y también privadas y la suspensión o revocación si se trata de entidades sujetas a autorización administrativa. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargo de administración o dirección, o la función de experto externo, fueran responsables de la infracción.

– En las infracciones leves encontramos amonestación privada, multa de hasta 60.000 € y estas sanciones pueden ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla. 

¿Por qué es beneficioso contratar a una empresa especialista en BPO para llevar a cabo la prevención de blanqueo de capitales?

Ya sea por una exigencia administrativa o por una exigencia del orden penal, como persona jurídica, absolutamente todas las empresas deberían identificar y comprobar la identidad de sus clientes en el sentido amplio mencionado, esto es, incluyendo tanto a los titulares formales y reales como al resto de intervinientes.

En definitiva, tanto si una empresa es sujeto obligado como si no, ante las exigencias administrativas y del orden penal respectivamente, debería adoptar un programa de compliance, así como cumplir y verificar todos los elementos y pasos que lo integran, protegiéndose de posibles sanciones y colaborando por extensión con la sociedad en la lucha y prevención de dichos delitos.

Revisa aquí la Ley 10/2010 completa:

Ley 10/2010, 28 de abril